El Estado Policial y Unión Por Córdoba
“Se hizo en legítima defensa”, “cumplimiento de funciones en el deber público” o “se actuo en un enfrentamiento de fuego abierto” son las frases más dichas por las cúpulas que han conducido fuerza policial local desde hace 18 años, y sus funcionarios y ministros encargados de la cartera de seguridad del Estado Provincial avalan y legitiman ese discurso con total impunidad y cuentan con el apoyo mediático de cara a la opinión pública. De Jorge Romero y Miguel Arraigada. Un ejemplo de ello es que entre el 2016 y 2017 hay aproximadamente 20 “abatidos en enfrentamientos con la policía”. Un Informe periodístico de La Voz del Interior expone que hay un muerto por mes en el marco de balaceras con fuerzas de seguridad en barrios marginales de la Ciudad. Por supuesto teniendo en cuenta que esto es así, desde la perspectiva de los reportes informativos de la propia policía. Este tipo de acciones del Estado, son propias de las prácticas comunes de la maquinaria represiva en los tiempos de la dictadura cívico-militar en Argentina. De Ismael Sosa y Ezequiel Ávila.
Para trazar un análisis más profundo sobre la política pública de Unión por Córdoba y su relación con la institución policial, desde que asumio el poder, se pueden tener en cuenta dos elementos: El primero es la planificación sistemática de una fuerza de seguridad que se disciplino con tácticas militarizadas extranjeras y avales normativos que legitimaban ese accionar, a través del Código de Faltas y de Convivencia, junto con la comision de participacion ciudadana barrial que asumia roles estigmatizantes en sus territorios. Una nota de la Facultad de Filosofía y Humanidades, explica con detalles este aspecto de la política pública en materia de Seguridad de la UPC a lo largo de sus años en el gobierno provincial: (http://www.ffyh.unc.edu.ar/alfilo/la-caza-del-enemigo/). De Estrella Belen Sanchez y Sandra Cabrera.
Fuente: “La tinta”
Y el segundo elemento es el financiamiento que se destina a la seguridad local: de acuerdo al estudio del «Llano en Llamas» llamado el “Costo del miedo: Cifras claves de los gastos en seguridad para el caso de la provincia de Córdoba (2015)” , realizado por investigadores de la UNC y la Universidad Católica, el presupuesto general de la Provincia se prioriza en fondos públicos destinados al área de seguridad en desmedro de otras como la Educación y la Salud:
«Así, mientras en ‘Servicios de Seguridad y Justicia’ la variación presupuestaria anual fue del 54,5%, en ‘Salud’ fue del 44,1% y en ‘Educación inicial y primaria’ fue del 9,6%. Lo mismo sucede si analizamos comparativamente el gasto per cápita durante el año 2015: en el rubro ‘Educación inicial y primaria’ se registra un total por habitante de $1.311; en ‘Salud implica un gasto presupuestado anual por persona de $1.734; y en el rubro ‘Servicios de Seguridad y Justicia’ el valor es de $2.255 per cápita”
Esos datos relevados por la investigación dan cuenta que en Córdoba, y es una lógica que se repite en otros territorios, los casos de gatillo de fácil y las diversas prácticas criminales de las fuerzas de seguridad no son hechos aislados o que son parte del “deber ser” de la institución, sino que es una política pensada, financiada y ejecutada para construir un Estado Policial. Además, la cita final del estudio es contundente: «la gravedad de la situación se profundiza al verificar que este gran esfuerzo monetario realizado por parte del sector público no ha encontrado su correlato en una reducción de la delincuencia y la inseguridad. Por el contrario, la demanda por parte de la sociedad de mayor seguridad ha sido un fenómeno que viene incrementándose a lo largo de los años».
“¡Ni un pibe ni una piba menos! ¡Ni una bala más!”
De Sandra Figueroa y David Moreno. El grito de esa consigna, junto con “El Estado es responsable” son parte de la resistencia popular y movilización social que hay que mantener viva hasta que cada uno de los homicidas que visten uniforme tengan su condena. Ya el año pasado la permanente protesta colectiva impulsó el primer horizonte de justicia al condenarse a Lucas Chávez y Rubén Leiva, ambos oficiales de la policía provincial, acusados de homicidio en el crimen al Güere Pellico, en barrio Los Cortaderos. El caso de Ezequiel Reynoso, sobreviviente del gatillo fácil, que fue sobreseído luego de que los policías que le habían disparado, en complicidad con otros miembros de la fuerza, admitieron haber “armado la causa” para culparlo por “resistencia a la autoridad” y “portación de arma de fuego”.
La impunidad y la protección a la institución policial es una acción concreta del Poder Judicial, que es cómplice de la violencia del Estado y criminaliza a las víctimas por sus condiciones de clase. En razón a eso, hace poco se presentó una demanda colectiva para evidenciar estas situaciones que viven a diario las familias que denuncian casos de gatillo fácil y son permanentemente estigmatizados, además de que no se avanzan con las investigaciones judiciales y se ofrece impunidad a los miembros de la fuerza policial.
La hora de la justicia nos va a llegar y los criminales van a pagar. En la calle estaremos. Sin perdonar, ni olvidar a cada pibe y piba que el Estado nos arrebato.
Matias Colantti
Fotografía fuente: Perfil
