Claves para comprender la reacción de la comunidad cineasta en oposición a la reforma que el
Gobierno Nacional intenta implementar en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Ya
produjo el desplazamiento de Alejandro Cacetta y su reemplazo por Ralph Haiek, vicepresidente a cargo.
La medida provocó la reacción inmediata de actores y profesionales de la industria quienes se
autoconvocaron el lunes 17 de abril en la sede del INCAA para repudiar la iniciativa.
Por su parte, la titular de la oficina anticorrupción, Laura Alonso, insistió con la necesidad de
“encarar una reforma completa del Incaa”.
Para los artistas, por el contrario, el Decreto de Necesidad y Urgencia impuesto por el gobierno,
con la firma del presidente Mauricio Macri, encubre una maniobra de vaciamiento que podría llevar al
cine argentina a una crisis terminal.
En 1968 se promulgó la ley no 17.741 la cual establece que por cada entrada vendida en las salas
cinematográficas argentinas, tanto producciones nacionales como extranjeras, el 10 porciento de ese dinero
está destinado a financiar el INCAA. De esta manera se aporta al fondo de fomento.
El INCAA se encarga de la administración del Fondo de Fomento Cinematográfico, cuya función es la
promoción de la cinematografía argentina otorgando créditos, subsidios y premios para financiar películas,
series de televisión y actividades culturales en todo el país. Además de esto, el Fondo de Fomento recibe por
medio de la Ley 24.377 de 1994, el 25 porciento de lo que pagan las empresas de radiodifusión nacionales y
extranjeras por operar en nuestro país a cambio de utilizar el espectro radioeléctrico que constituye un bien
de dominio público estatal y obtener ganancias vendiendo espacios publicitarios.
A fin de cuentas, el cine en Argentina se autofinancia con los bienes culturales que gestiona y
produce. El Estado Nacional no destina una partida presupuestaria especial a financiar películas, ni afecta
los presupuesto de salud, jubilaciones, educación, obra pública. El dinero proviene íntegramente del sector
privado; el INCAA genera sus propios recursos dentro de la misma industria audiovisual.
En diciembre de 2015 el presidente Mauricio Macri promulgó el Decreto de Necesidad y Urgencia
267/2015 que eliminaba varios artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual modificándola
profundamente.
• Los artículos 1 y 2 del decreto propiciaron la disolución de la Autoridad Federal de
Comunicación (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (AFTIC), y creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
• Sustituyó el artículo 6° de la Ley 27.078, redefiniendo a los Servicios de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TICS) como “aquellos que tienen por objeto
transportar y distribuir señales o datos, como voz, texto, video e imágenes, facilitados o
solicitados por los terceros usuarios, a través de redes de telecomunicaciones”. Esto
exime el pago del canon a las operadoras de radiodifusión por el uso del espectro
radioeléctrico, como por ejemplo Cablevisión de Grupo Clarín, con lo que se financiaba el
INCAA.
Ahora bien, como modificar impuestos por decreto es inconstitucional, el articulo 21 del mismo DNU
manda que se siga pagando el impuesto hasta tanto una nueva norma, impulsada por el oficialismo y
aprobada por el Congreso Nacional, derogue definitivamente el canon.
Es en este marco que se denuncia que dicha Ley anunciada como de Convergencia Digital cuenta con
la complicidad de empresas privadas y sin consulta al sector de la producción cinematográfica, vía una
recientemente creada “comisión redactora para la nueva Ley de Comunicaciones”, puertas adentro del
propio ENACOM. Solo informalmente se presentaron los 17 principios que regirán la futura legislación.
Ninguna mención hay allí a los cánones que integran el fondo de fomento cinematográfico. Esto le costaría
un 60 porciento de financiación al INCAA y casi la totalidad del Instituto Nacional de Teatro y del Instituto
Nacional de la Música. Del mismo modo provoca el desfinanciamiento de la Escuela Nacional de
Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) dependiente del INCAA, cuyos méritos son
conocidos internacionalmente.
El conflicto crece el 12 de abril cuando el Ministro de Cultura Pablo Avelluto denuncia por corrupción
al presidente del INCAA Alejandro Cacetta y pide su renuncia en un programa de TV, en el que también
acusan al rector elegido por concurso de la ENERC, Pablo Rovito, de recibir 8 millones de dólares y “no
construyó ni un metro cuadrado”. El gran compromiso de Rovito permitió la apertura de cuatro sedes en
nuestro país, además de la generación de nuevos espacios académicos y mejoras en la infraestructura
técnica y edilicia.
Los que trabajamos dentro de la industria cinematográfica repudiamos fuertemente este hecho y
denunciamos que lo que se viene es el vaciamiento de un Instituto modelo, que harán desaparecer
prácticamente el fondo de fomento audiovisual. Se va a intervenir y a desfinanciar al INCAA.
Por Ana Medero