Claves para comprender la reacción de la comunidad cineasta en oposición a la reforma que el

Gobierno Nacional intenta implementar en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Ya

produjo el desplazamiento de Alejandro Cacetta y su reemplazo por Ralph Haiek, vicepresidente a cargo.

La medida provocó la reacción inmediata de actores y profesionales de la industria quienes se

autoconvocaron el lunes 17 de abril en la sede del INCAA para repudiar la iniciativa.

Por su parte, la titular de la oficina anticorrupción, Laura Alonso, insistió con la necesidad de

“encarar una reforma completa del Incaa”.

Para los artistas, por el contrario, el Decreto de Necesidad y Urgencia impuesto por el gobierno,

con la firma del presidente Mauricio Macri, encubre una maniobra de vaciamiento que podría llevar al

cine argentina a una crisis terminal.

En 1968 se promulgó la ley no 17.741 la cual establece que por cada entrada vendida en las salas

cinematográficas argentinas, tanto producciones nacionales como extranjeras, el 10 porciento de ese dinero

está destinado a financiar el INCAA. De esta manera se aporta al fondo de fomento.

El INCAA se encarga de la administración del Fondo de Fomento Cinematográfico, cuya función es la

promoción de la cinematografía argentina otorgando créditos, subsidios y premios para financiar películas,

series de televisión y actividades culturales en todo el país. Además de esto, el Fondo de Fomento recibe por

medio de la Ley 24.377 de 1994, el 25 porciento de lo que pagan las empresas de radiodifusión nacionales y

extranjeras por operar en nuestro país a cambio de utilizar el espectro radioeléctrico que constituye un bien

de dominio público estatal y obtener ganancias vendiendo espacios publicitarios.

A fin de cuentas, el cine en Argentina se autofinancia con los bienes culturales que gestiona y

produce. El Estado Nacional no destina una partida presupuestaria especial a financiar películas, ni afecta

los presupuesto de salud, jubilaciones, educación, obra pública. El dinero proviene íntegramente del sector

privado; el INCAA genera sus propios recursos dentro de la misma industria audiovisual.

En diciembre de 2015 el presidente Mauricio Macri promulgó el Decreto de Necesidad y Urgencia

267/2015 que eliminaba varios artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual modificándola

profundamente.

• Los artículos 1 y 2 del decreto propiciaron la disolución de la Autoridad Federal de

Comunicación (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones (AFTIC), y creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

• Sustituyó el artículo 6° de la Ley 27.078, redefiniendo a los Servicios de Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones (TICS) como “aquellos que tienen por objeto

transportar y distribuir señales o datos, como voz, texto, video e imágenes, facilitados o

solicitados por los terceros usuarios, a través de redes de telecomunicaciones”. Esto

exime el pago del canon a las operadoras de radiodifusión por el uso del espectro

radioeléctrico, como por ejemplo Cablevisión de Grupo Clarín, con lo que se financiaba el

INCAA.

Ahora bien, como modificar impuestos por decreto es inconstitucional, el articulo 21 del mismo DNU

manda que se siga pagando el impuesto hasta tanto una nueva norma, impulsada por el oficialismo y

aprobada por el Congreso Nacional, derogue definitivamente el canon.

Es en este marco que se denuncia que dicha Ley anunciada como de Convergencia Digital cuenta con

la complicidad de empresas privadas y sin consulta al sector de la producción cinematográfica, vía una

recientemente creada “comisión redactora para la nueva Ley de Comunicaciones”, puertas adentro del

propio ENACOM. Solo informalmente se presentaron los 17 principios que regirán la futura legislación.

Ninguna mención hay allí a los cánones que integran el fondo de fomento cinematográfico. Esto le costaría

un 60 porciento de financiación al INCAA y casi la totalidad del Instituto Nacional de Teatro y del Instituto

Nacional de la Música. Del mismo modo provoca el desfinanciamiento de la Escuela Nacional de

Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) dependiente del INCAA, cuyos méritos son

conocidos internacionalmente.

El conflicto crece el 12 de abril cuando el Ministro de Cultura Pablo Avelluto denuncia por corrupción

al presidente del INCAA Alejandro Cacetta y pide su renuncia en un programa de TV, en el que también

acusan al rector elegido por concurso de la ENERC, Pablo Rovito, de recibir 8 millones de dólares y “no

construyó ni un metro cuadrado”. El gran compromiso de Rovito permitió la apertura de cuatro sedes en

nuestro país, además de la generación de nuevos espacios académicos y mejoras en la infraestructura

técnica y edilicia.

Los que trabajamos dentro de la industria cinematográfica repudiamos fuertemente este hecho y

denunciamos que lo que se viene es el vaciamiento de un Instituto modelo, que harán desaparecer

prácticamente el fondo de fomento audiovisual. Se va a intervenir y a desfinanciar al INCAA.

Por Ana Medero