En 1918, la Reforma Universitaria permitió democratizar la Universidad Nacional de Córdoba, extendiéndose, inmediatamente, a las demás universidades de Argentina. Produjo reformas en los estatutos y leyes universitarias que permitieron la autonomía universitaria, la participación de los estudiantes en la gestión de las universidades, la gratuidad de la enseñanza, entre otros puntos. Parece irónico pensar que hoy, cien años después, la universidad pública y gratuita, por la que se luchó en ese entonces, está en peligro.
El 6 de agosto, los gremios universitarios (Conadu, Conadu Histórica, Fedun, UDA, Fagdut y Ctera) dieron inicio al paro en rechazo a la propuesta del 15 por ciento de aumento salarial, y en denuncia al congelamiento de la mesa paritaria desde abril por parte del Gobierno. Además, se suma el ajuste presupuestario sobre las universidades, y con ello la paralización de obras de infraestructura. Los ejes del reclamo son: mayor presupuesto universitario y salario digno para lxs docentes. Esta medida, involucra a 57 universidades del país que aún no han comenzado el segundo semestre curricular.
El miércoles pasado, miles de personas se manifestaron en distintos puntos del país. En Córdoba, fueron cerca de cien mil que colmaron las calles al grito por una educación pública, gratuita, laica y de calidad.
El Gobierno y la mayoría de los medios siguen ignorando esta situación, cuando debería ser el tema principal de la agenda política y mediática. Ante la la indiferencia, asambleas estudiantiles de distintas facultades, tomaron las unidades académicas como modo de protesta. También, se están realizando clases públicas, e intervenciones artísticas y callejeras.
Siendo que la educación es el eslabón principal para el desarrollo del país, ¿por qué el gobierno nacional le da la espalda? Es simple, el neoliberalismo, corriente principal de nuestro actual gobierno, toma a la educación como un mercado más, en el cual el Estado debe abandonar su papel activo sobre ella. Para esto, no se considera a la educación como un servicio público y gratuito, sino como un servicio privado. Por ello, no demos lugar a este discurso mercantilista. La educación no es un privilegio, es un derecho de todxs.
Esta semana, el conflicto promete agudizarse, y la convocatoria de este 30 de agosto a la Marcha en Defensa de la Educación Pública y el Salario Docente, espera ser masiva e histórica. Sigamos acompañando la lucha docente y defendamos nuestro derecho. La educación pública no se vende, se defiende.
Luciana Laguardia
Imagen: Colectivo Manifiesto
