La campaña por el aborto legal, seguro y gratuito siempre genera debate y controversia, y aún constituye un tema tabú en los medios masivos de comunicación y en varias instituciones. Lo cierto es que, quienes luchamos por este derecho, lo hacemos por múltiples razones: porque se vulneran los derechos de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo y vida; porque la clandestinidad deriva en muertes y usos de métodos espantosos e insalubres; porque afecta principalmente a las mujeres de menos recursos; y porque tomamos el ejemplo de los países donde el aborto es legal.

Por empezar, en primer lugar, el aborto ilegal vulnera los derechos de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo y vida. Especialistas aseguran que la maternidad, cuando responde al deseo y a la elección personal, es algo maravilloso, pero cuando resulta impuesta por la censura moral, social o penal, está asociada a la tortura. Los embarazos no deseados son una realidad existente, y la falta de una ley que contemple esos casos y permita a la mujer decidir, la condena a llevar durante nueve meses un embarazo para el que, en muchos casos, no se está preparada, haciéndole pasar por toda la situación de parto, con todo lo que eso implica, para una vez finalizado todo el proceso recién darle poder de decisión.

A su vez, en nuestro país tenemos una clase dirigente política que históricamente se ha alineado con la Iglesia Católica, y que aún trata el tema del aborto como un tabú y como un pecado que es castigado incluso con la cárcel, como en el caso de Belén, en Tucumán. La misma estuvo presa durante meses tras sufrir un aborto espontaneo, sin siquiera saber que estaba embarazada, y tras serle adjudicado un feto encontrado en el baño de una clínica, sin prestarle la atención medica correspondiente, ni realizar una prueba de ADN.

En segundo lugar, en una sociedad donde no se brinda educación sexual integral en escuelas y barrios, la entrega gratuita de preservativos en centros de salud no resulta suficiente para prevenir embarazos no deseados. Que la elección de no continuar con los mismos sea ilegal solo lleva a que se practique de forma clandestina, en lugares que no cumplen con las normativas sanitarias necesarias, o con métodos que solo dañan a la mujer, y en muchas oportunidades les llega a costar la vida. De esta forma, la despenalización del aborto no incita a abortar, sino que favorece a la disminución de mujeres muertas por abortos clandestinos.

Así mismo, la clandestinidad tiene como resultado una falta de datos oficiales, que, a su vez, deriva en una invisibilización del tema. Sin embargo, gracias a los aportes de organizaciones como “Economía Feminista”, se estima que en Argentina se realizan al menos 460 mil abortos inducidos al año; 52 por hora, y casi uno por minuto. Además, entre el 35 y 45% de las muertes maternas en Argentina son por complicación por abortos inducidos, y esto es aún más controversial en un país donde las tasas de maternidad y embarazo adolescente son muy altas.

En tercer lugar, la ilegalidad del aborto está estrechamente relacionada con la desigualdad, y afecta principalmente a los sectores más vulnerables y a las mujeres de menos recursos.

Ya en 1998, René Favaloro expresaba: “Los ricos defienden el aborto ilegal para mantenerlo en secreto y no pasar vergüenza. Estoy harto de que se nos mueran chicas pobres para que las ricas aborten en secreto. Se nos mueren nenas en las villas y en Sanatorios hacen fortunas sacándoles la vergüenza del vientre a las ricas. Con el divorcio decían que era el fin de la familia, y solo fue el fin de la vergüenza de los separados ilegales. Con el aborto legal no habrá más ni menos abortos, habrá menos madres muertas. El resto es educar, no legislar”.

El costo de un aborto se estima entre los 8000 y 15000 pesos. De esta forma, el acceso a un aborto con un profesional de la salud termina siendo del 20% para mujeres de clase baja, del 60% en la clase media, y de 80% para la clase alta. A su vez, el aborto a través de pastillas como Misoprostol, también es de difícil acceso por sus elevados costos.

Esta desigualdad puede ilustrarse en el año 2016, donde 15 mujeres fueron criminalizadas luego de atravesar una emergencia obstétrica. En la mayoría de los casos se trataba de jóvenes entre 18 y 22 años, con escasos recursos económicos, que se atendieron en el sistema público de salud.

Por último y, en cuarto lugar, contamos con los ejemplos visualizados en los países donde el aborto es legal, seguro y gratuito. Los detractores de su legalidad manifiestan que su no prohibición llevaría a un aumento en la cantidad de casos, y a una disminución en la protección, ya que muchas parejas no se cuidarían a la hora de tener relaciones sexuales porque “total pueden abortar”.

Sin embargo, en todos los casos ejemplares los números de abortos no aumentaron, sino que, por el contrario, disminuyeron, al estar acompañados de proyectos de educación sexual integral, campañas de salud por la prevención de embarazos no deseados, y mayor acceso a métodos anticonceptivos. De esta forma, lo que cambia es el número de mujeres muertas y de embarazos no deseados. Un caso ejemplar podría ser el de Uruguay, donde el aborto es legal desde el 2012. En este país las muertes por abortos inducidos disminuyeron notablemente: en el periodo 2001-2005 la cantidad fue de 37,5%; en 2011-2015 paso a 8,1%; y en el 2015-2016 a 0%.

De esta forma, a modo de conclusión, es importante abrir el debate y tomar en cuenta que los embarazos no deseados son reales, y pueden deberse a abusos sexuales, a falta de educación sexual, de recursos, o a fallas en los métodos anticonceptivos. La interrupción de esos embarazos no deseados en un contexto de penalidad e ilegalidad, lleva a que las mujeres con altos recursos puedan hacerlo con profesionales de la salud, y sobrevivir, mientras que las de menos recursos son las más afectadas, y terminan muriendo.

Por Giulana Gatti