En la base de la democracia de los pueblos encontramos a la comunicación, un derecho de todos los hombres y mujeres, que se funda en el diálogo fluido y plural. En la necesidad de tener un acceso a la información y a la cultura libre e igualitaria. Una comunicación democrática confía en la participación colectiva que distintos actores sociales deben tener en los complejos entramados que van a definirnos como seres humanos y como naciones libres.

Después de muchos años de lucha de los más diversos sectores que comprenden, hacen y definen a la comunicación en el año 2009 se aprueba una ley que viene a contemplar sus derechos. Una Ley que le otorga al Estado su carácter de garante y regulador de la pluralidad y diversidad de voces que emergen de los distintos puntos del país.

La Ley 26.522 de Servicios y Comunicación Audiovisual se aprobó en el congreso luego de un debate colectivo y democrático que incluía a muchos sectores de la sociedad en la llamada coalición de los 21 puntos. Su vigencia corre hasta fines del año 2015 cuando el nuevo Presidente de la República Argentina Mauricio Macri ve la necesidad de intervenir esta ley a través del DNU: 267/15. Este decreto generó conmoción en distintos sectores sociales y un estado alerta permanente de los medios comunitarios de la Argentina y de quienes entendemos a la comunicación como el instrumento más poderoso que tienen los pueblos para garantizar el cumplimineto y ejericio de sus derechos fundamentales.

El decreto carece de legitimidad legislativa ya que se votó a mano alzada y por lo tanto dejó de lado los procedimientos de discusión colectiva que habían construido los consensos de la ley 26.522. También los intereses del debate plural de la coalición de los 21 puntos fueron desvinculados de este nuevo decreto.

 

Entre los principales cambios que el DNU trajo en aquel enero del año 2016 puede nombrarse la modificación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la disolución del Afsca, la Aftic y la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

En líneas generales, las modificaciones más profundas se hicieron sobre el artículo 45 de la Ley 26.522. Se fijaron nuevas reglas para la cantidad de licencias: Elevando de diez (10) a quince (15) la cantidad de licencias de radio y televisión abierta a nivel nacional y de tres a cuatro las licencias en el orden local.  Además se eliminaron los topes a la cantidad de ciudades en las que pueden operar las empresas de cable y se eliminaron las restricciones a la propiedad cruzada de televisión por cable y radio y TV abierta; y los actuales licenciatarios de TV y radio podrán pedir la extensión del plazo de licencia por 10 años, sin importar cuándo sea su fecha de vencimiento actual. A su vez desde aquel momento la EnaCom comenzó a trabajar en una nueva ley de comunicaciones, la llamada Ley de Convergencia. Sin embargo, en todo este tiempo, lo único que se conoce sobre la misma es que se está trabajando en un anteproyecto.

Con C de concentración

Hace unos días Cablevisión Holdings y Telecom (cuyos accionistas son los grupos Clarín y Fintech) anunciaron su inminente fusión. Hoy aquella mítica Ley de convergencia que nunca llegó a ser discutida, siquiera conocida, por parte de las mayorías deja entrever que el Estado se ha convertido una vez más en un regulador a la medida de los intereses de los grandes empresarios. Los mismos que han apoyado su campaña y hoy acompañan su mandato.

 

En palabras de Martín Becerra, para La tinta : “El nuevo conglomerado infocomunicacional será el mayor de la Argentina y concentrará el 42% de la telefonía fija; el 34% de la telefonía móvil; el 56% de las conexiones a Internet por banda ancha fija; el 35% de conectividad móvil; y el 40% tv paga. Estos porcentajes son más elevados en las zonas de mayor poder adquisitivo y concentración demográfica del país.”

Convencida de que la libertad de expresión y el acceso a la información universal será siempre fundamental para la democracia y el desarrollo de nuestros pueblos y nuestras culturas, siento que retrocedemos sobre nuestros mismos errores y una vez más callamos las voces de quienes tienen sed de ser oídos. Como estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, como militantes de la comunicación plural y democrática, como ciudadana Argentina veo a nuestros derechos una vez más olvidados detrás de las presiones de los poderosos. Nuevamente es el Estado el que entiende a la comunicación como un negocio y no como un derecho de quienes habitamos este país.

Por Micaela Maidana.